España y Portugal firman un Acuerdo que regula la pesca en sus aguas

Se trata de un Acuerdo firmado entre España y Portugal para regular la pesca artesanal a través de un Real Decreto.

La medida será de aplicación concretamente entre los archipiélagos de Canarias y Madeira, dada la importancia que la pesca representa en la economía de los dos lugares y la riqueza pesquera que poseen.

Lo que pretende este acuerdo, que entró en vigor el 16 de mayo de 2013, es la pesca en sus aguas para todas aquellas embarcaciones que estén registradas o tengan puerto en su base y que salgan de las 12 millas, según recogen el Derecho del Mar y el Derecho de la Unión Europea vigentes.

El recién aprobado texto normativo incluye, por tanto, una definición explícita del concepto embarcación con puerto base como aquella que “desarrolle de forma permanente su actividad de pesca desde principio a fin”.

Como norma general, el acceso al interior de las 12 millas en ningún caso será permitido en zonas como Isla del Hierro, Isla de la Palma o las Áreas Marinas Protegidas de Porto Santo, ni en las aguas comprendidas entre determinadas zonas de Gran Canaria y Tenerife.

Aun así, será contemplado con carácter excepcional el acceso al interior de las 12 millas para “capturar cebo vivo”.

Para asegurar que el intercambio sea igualitario, el acuerdo establece un máximo de 38 buques de cada parte.

Además, con objeto de que el proceso se realice con las máximas garantías, España y Portugal se reunirán anualmente. En estas reuniones de seguimiento, el tema principal de la agenda será el intercambio de las listas de las embarcaciones autorizadas. Además, ambos Estados se comprometerán al intercambio de información y a la aplicación de las medidas necesarias para que las embarcaciones ejerzan su actividad.

El Real Decreto permanecerá en vigor por un periodo de un año, renovable automáticamente.

Este texto, renueva el anterior pacto de 2008  que permitía la pesca artesanal en las aguas de Azores y Madeira, así como en aguas de Canarias. Servirá, entre otras cosas, para «aliviar» los efectos de la suspensión del acuerdo pesquero entre la Unión Europea (UE) y Marruecos.