Bruselas ha sentado las bases para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los grandes buques, es decir, aquellos de más de 5.000 toneladas de registro bruto.
La medida supondrá para los armadores una reducción de costes netos en torno a los 1.200 millones de euros anuales de aquí a 2030.
Se propone una normativa que obliga a los propietarios de los grandes buques que utilizan los puertos de la UE, independientemente del lugar en que estén matriculados, a supervisar y notificar las emisiones anuales de dióxido de carbono (CO2) de sus buques.
Además, la Comisión ha publicado una Comunicación en la que expone su estrategia para hacer frente a este tipo de emisiones y reducirlas, preferentemente a través de medidas que vayan más allá del ámbito europeo y se extiendan a nivel mundial con el respaldo de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Las autoridades europeas señalan que este sistema de seguimiento, notificación y verificación de las emisiones (SNV) será “una condición esencial para poder examinar con conocimiento de causa a escala europea y mundial los objetivos de reducción para el sector”.
Y es que, según la evaluación de impacto realizada por Bruselas, con el nuevo sistema de seguimiento, notificación y verificación se prevé reducir las emisiones de CO2 de los trayectos cubiertos hasta un 2%.
Para el Vicepresidente de la Comisión, Siim Kallas, esta propuesta constituye una “significativa contribución” al trabajo de la OMI por reducir la utilización de combustible e incrementar su eficiencia en los buques a través de medidas técnicas basadas en el mercado.
Estas normas serán de aplicación a partir de 2018, momento en que los armadores deberán supervisar y notificar la cantidad verificada de CO2 emitida por sus buques de gran tamaño que efectúen trayectos entre puertos de la UE o tengan su origen o destino en ellos. También se les exigirá que proporcionen otros datos, como los destinados a determinar la eficiencia energética del buque.
Los buques deberán llevar a bordo un documento de conformidad, que deberá extender un verificador independiente y será objeto de inspección por parte de las autoridades de los Estados miembros.
Además, proporcionará información de gran utilidad para conocer el rendimiento de cada buque, los costes operativos conexos y el posible valor de reventa, lo cual redundará en beneficio de los armadores.